El escenario del diálogo social en España se encuentra en un punto crítico debido a la decisión del gobierno de ampliar la participación de las organizaciones empresariales en estas conversaciones. A las ya presentes CEOE y Cepyme se sumará Conpymes, grupo estatal vinculado a la catalana Pimec. Este movimiento ha creado tensiones entre organizaciones empresariales que intentan erigirse como verdaderos representantes de los intereses empresariales. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están conectadas a estas entidades.
Recientemente, las tensiones entre el gobierno y los representantes empresariales en la Mesa de Diálogo Social han aumentado, particularmente en torno a la propuesta de reducir la semana laboral de 40 a 37 horas. Esta medida fue bloqueada por PSOE y Sumar, lo que provocó un fuerte rechazo por no consultar a los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico en la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó duramente la «intromisión» del gobierno. Cuerva también condenó los intentos de limitar la influencia de los empresarios en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones emergentes. Por su parte, el gobierno ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), aunque aún debe detallar cómo implementará esta representación.
El problema de fondo es que no existe un sistema objetivo para acreditar la representación empresarial en las negociaciones institucionales, como sí existe en el caso de los sindicatos. Actualmente se aplica la norma del Estatuto de los Trabajadores, que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional, o el 15% a nivel autonómico, para participar en la negociación de los convenios colectivos sectoriales.
Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Según la Encuesta Laboral Anual del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas que emplean entre 5 y 9 personas están conectadas a una organización económica, esta proporción aumenta al 26,3% entre las empresas que emplean hasta 49 personas. Este bajo nivel de afiliación se explica en parte por el alto grado de fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas emplean a menos de 50 trabajadores.
La representatividad varía significativamente según el sector y la región. Sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas del sector de la restauración y la construcción están vinculadas a alguna organización. Por el contrario, en logística e industria esta ratio es del 31,9% y del 29,7%. Territorialmente, La Rioja tiene la mayor proporción de empresas afiliadas (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen la menor, 15,1 y 18, respectivamente, con un 2%. .
A pesar de estos desafíos, el 76% de los propietarios de afiliados cree que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. Para las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que para las grandes llega al 87%.
En este contexto, la «guerra» entre organizaciones empresariales se centra en la representatividad de las pymes. Conpymes, respaldada por la catalana Pimec, critica el papel de Cepyme como «satélite» de CEOE. Esta rivalidad refleja la diferencia en cómo las empresas grandes y pequeñas perciben su influencia y representación en las negociaciones con el gobierno.
También hay un componente político en el debate: Cepyme y Foment del Treball acusan al Gobierno de utilizar la ampliación de la representación como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.
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