Patológica exclusión financiera | Economía

Oficina del BBVA en el centro de Sevilla, en una imagen de 2020.PACO PUENTES

En plena conmoción por la súper concentración financiera que provocaría la fusión de BBVA y Sabadell, ha llegado al Congreso de los Diputados un valioso informe sobre la calamitosa indefensión en que se encuentran los ciudadanos ante el ya existente oligopolio de los gigantes bancarios. El documento Retos de la Inclusión Financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables, elaborado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pone el foco en la gravedad que supone para millones de ciudadanos la exclusión financiera. Un asunto que se ha agudizado desde 2008 tras la reducción en un 58% de oficinas bancarias y más de un 40% de sus empleados, que significa una drástica reducción del equipo humano de atención a los clientes.

El trabajo se apoya en numerosos estudios científicos, entre los que destaca la rigurosa investigación del profesor Fernando Zunzunegui, que elaboró para el Defensor en 2022. El trabajo analiza a fondo el funcionamiento del sistema financiero para “ver los factores que suponen riesgos de exclusión financiera para las personas y las familias por la mera dificultad para relacionarse con las entidades bancarias”. Se inspira en el artículo 9 de la Constitución, tan lamentablemente ignorado: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El trabajo se centra en las numerosas formas de exclusión financiera que provocan una grave discriminación de muchos ciudadanos. “Las entidades financieras”, señala el informe, “tienen preferencia por clientes con cierta estabilidad económica y optan por no aceptar o expulsar de su cartera de clientes a aquellos que no cumplen unas determinadas condiciones económicas o sociales, lo que implica una discriminación a personas con escasos recursos económicos, con ingresos inestables, personas extranjeras, con escaso conocimiento del idioma, con escaso nivel académico o con escasos conocimientos digitales”.

La lista de la exclusión es larga y diversa. Incluye el redlining, perfilado de líneas rojas en torno a barrios, que los bancos consideran poco confiables por razones de pobreza; las personas descartadas para el acceso al crédito o las que no pueden asumir los costes de las comisiones o los gastos de las tarjetas. Y sobre todo la que sufren los mayores. Para el Defensor “la exclusión financiera ha de considerarse como algo en cierto modo patológico, como una disfunción, una irregularidad en el funcionamiento del sistema financiero”.

La parte más sustancial del trabajo es la detallada relación de recomendaciones y propuestas sobre la que los diputados deberán trabajar. Pide al Gobierno que “la operativa bancaria básica reciba la consideración de servicio económico de interés general” y al Banco de España que “clarifique la normativa sobre cuentas de pago básicas”. En definitiva, una atención más humana a la banca, como reclamó el ciudadano Carlos San Juan con su campaña “Soy mayor, no idiota”.

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