En el sur de Quito, la falta de agua ha causado una emergencia humanitaria que impacta a más de 400.000 habitantes. La situación, vista como la más severa en los últimos veinte años, surgió después de un deslizamiento en el páramo del Antisana, que perjudicó de forma crítica la infraestructura de distribución del agua. Este fenómeno natural ha dejado a seis áreas de la ciudad sin un suministro constante de agua potable, forzando a los residentes a depender de entregas ocasionales y a usar fuentes que no son seguras para el consumo.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Vivir sin agua: el día a día en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Una gran cantidad de personas afectadas son ancianos que carecen de la energía necesaria para llevar el agua hasta sus residencias. “Estamos aquí en este frío desde temprano, sintiendo hambre. No contamos con agua ni siquiera para bañarnos”, comenta Erselinda Guilca, una pensionada notablemente fatigada. Las condiciones de espera, junto con la incertidumbre sobre la hora en que arribarán los camiones cisterna, han intensificado el descontento de la comunidad.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este gasto adicional afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, las cuales deben decidir entre invertir dinero en agua o en otras necesidades esenciales como comida y medicinas.
Respuestas oficiales y tensiones institucionales
La gestión de la emergencia ha revelado profundas fracturas entre el gobierno local y el nacional. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, insiste en que más de 500 personas trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio, desde el Gobierno central se ha cuestionado la falta de coordinación y transparencia en la respuesta municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
El alcalde Muñoz, por otro lado, expresó su preocupación por la falta de representantes del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y solicitó un aumento en la colaboración institucional para resolver la crisis.
Camino a la recuperación
Aunque las autoridades esperan restablecer el servicio de forma parcial en los próximos días, el daño estructural en la tubería principal ha retrasado las labores de reparación. Según el Municipio, ya se ha removido el 77% de la tierra acumulada en la zona del deslave, lo que permitiría comenzar con las pruebas de funcionamiento de la red en breve.
En simultáneo, equipos de emergencia de diversos cantones y provincias han iniciado a participar en las labores de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha gestionado el envío de un mayor número de tanqueros para asistir a los sectores más perjudicados.
La crisis en Quito destaca no solo la fragilidad de las instalaciones de agua frente a eventos naturales, sino también la urgencia de tener una organización conjunta, efectiva y solidaria entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la ciudadanía sigue soportando y ajustándose, mientras aguarda que el suministro de agua se restablezca normalmente.