La proliferación de regulaciones impuestas por el gobierno pone a las empresas en una situación crítica. Los empresarios alzaron su voz y exigen el fin de las medidas en curso que dificultan los negocios y aumentan los costos, agravados por la inflación, lo que plantea un enorme desafío para las PYME del país.
En la asamblea general de Cepyme se presentó el «Manifiesto de las pymes españolas por la libertad de empresa», que critica en ocho puntos las principales intervenciones del Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz. Este manifiesto condena la imposición de normas laborales sin medidas compensatorias, que afecta negativamente a las empresas.
El documento presentado en la reunión anual de Cepyme 2024 en Madrid aborda temas como: dignidad empresarial ante el estigma gubernamental, sobrerregulación, respeto a la negociación colectiva, protección de la flexibilidad interna de las empresas, aumento del salario mínimo en más de 60%. Desde 2018, aumentando impuestos y tasas, gestionando adecuadamente el tiempo y los recursos laborales y respetando el diálogo social.
Cepyme advierte de que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales tendrá un impacto especialmente negativo en las pequeñas empresas, cuyos costes laborales pueden aumentar significativamente, poniendo en peligro su viabilidad.
La indignación de los empresarios reflejada en el manifiesto pone de relieve su descontento con los numerosos cambios regulatorios, que en algunos casos contradicen acuerdos anteriores. Muchas de estas medidas, como la reforma laboral, fueron aprobadas con el apoyo de los sindicatos y del gobierno, pero resultaron perjudiciales para el sector empresarial.
El manifiesto cuenta con el apoyo de las diversas organizaciones que integran Cepyme, entre ellas 56 asociaciones regionales, 3.000 organizaciones de base y 85 organizaciones sectoriales. Estas organizaciones destacan la importancia de preservar la cohesión territorial, especialmente en las zonas rurales dependientes de la actividad económica local.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, criticó duramente al gobierno durante la Asamblea General, acusándolo de intentar consolidar sus políticas «atacando» el diálogo social, con interlocutores humildes. Cuerva denunció estas condiciones por considerar que las negociaciones eran extremadamente difíciles y acusó al gobierno de aceptar posiciones comunistas que obstaculizaban la libertad empresarial y el desarrollo en España.
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