La discusión sobre el salario mínimo en Colombia se intensifica mientras sindicatos y gremios buscan acercar posturas frente al incremento que regirá en 2026. La brecha entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios refleja no solo diferencias económicas, sino también prioridades sociales y políticas que definirán el bienestar de millones de colombianos.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llevó a cabo reuniones bilaterales con representantes de centrales obreras y gremios empresariales para buscar posibles acuerdos sobre el incremento del salario mínimo. La negociación resulta compleja debido a la considerable distancia entre las cifras propuestas: mientras las centrales obreras exigen un aumento del 16 %, los gremios ofrecen un incremento del 7,21 %. Esta diferencia refleja visiones divergentes sobre la capacidad económica del país, la productividad laboral y la necesidad de asegurar un ingreso digno a los trabajadores.
Tras su encuentro con Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reafirmó que mantendrán su postura de exigir un aumento sustancial. Según Arias, si los gremios no elevan su propuesta a un porcentaje de dos dígitos —mínimo 10 %— no habrá espacio para la concertación y confiarán en que el presidente Gustavo Petro decida la cifra final. “Si los gremios no se mueven, nosotros tampoco nos moveremos”, enfatizó Arias, aclarando que, en caso de que los empresarios presenten una oferta de dos dígitos, estarían dispuestos a ajustar su cifra inicial del 16 % para alcanzar un acuerdo.
La iniciativa de los sindicatos
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— fundamentan su propuesta de incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en varios argumentos técnicos y sociales. Con este aumento, el salario mensual pasaría de COP 1.423.500 a COP 1.651.260, mientras que el auxilio de transporte subiría de COP 200.000 a COP 232.000, elevando el ingreso total de los trabajadores a COP 1.883.260.
Según Fabio Arias, parte de esta propuesta surge de los descubrimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca una diferencia considerable —aproximadamente 50 puntos porcentuales— entre el salario mínimo actual y el llamado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que se requiere para satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio de cuatro personas. El ministro Sanguino señaló que este salario, equivalente a una vida digna, se situaría en torno a los COP 3 millones, una cantidad muy superior al ingreso mínimo vigente.
Arias también considera que la propuesta del 16 % busca compensar lo que las centrales denominan una “deuda histórica” acumulada durante las negociaciones de las últimas dos décadas, periodo durante el cual, según los sindicatos, no se reconoció adecuadamente la contribución de los trabajadores a la productividad nacional. Los cálculos realizados por economistas de estas organizaciones muestran que, de mantenerse la tendencia actual, el salario mínimo seguiría estando aproximadamente a la mitad de lo que debería ser para garantizar condiciones de vida dignas.
Otro factor relevante señalado por Arias es el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó al Gobierno sin los recursos previstos para inversión social en 2026. En este contexto, un aumento más robusto del salario mínimo podría convertirse en un mecanismo alternativo para fortalecer el ingreso de las familias y estimular la economía desde la base laboral.
La propuesta de los gremios
Por su parte, los gremios empresariales, representados por organizaciones como la ANDI, ACOPI y la SAC, plantearon un incremento del 7,21 %, con lo que el salario mínimo llegaría a COP 1.526.134 y el auxilio de transporte a COP 214.420, resultando en un ingreso mensual total de COP 1.740.554. La diferencia entre las propuestas de trabajadores y empresarios se sitúa en COP 142.706, un margen significativo que refleja la disparidad de criterios sobre cómo equilibrar ingresos, costos y sostenibilidad empresarial.
Los empresarios fundamentan su propuesta considerando la inflación observada del 5,3 %, la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %, y un margen de ganancia real adicional de 100 puntos básicos. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, señaló que su planteamiento busca ser responsable tanto con las empresas como con los trabajadores, evitando que un aumento excesivo presione los costos de producción y la inflación, lo que a la larga podría afectar la economía y el poder adquisitivo de todos.
Ospina subrayó además que únicamente 2,4 millones de los 23 millones de trabajadores en Colombia perciben un salario mínimo, lo cual resalta la necesidad de realizar ajustes que sean equilibrados y sostenibles, teniendo en cuenta la realidad económica y las capacidades del sector empresarial, sin poner en riesgo la estabilidad laboral ni la inversión productiva.
Los retos de alcanzar un acuerdo
Históricamente, la negociación entre trabajadores y empresarios ha sido compleja, debido a las distintas perspectivas económicas y sociales. Para los gremios, un aumento significativo podría ocasionar mayores costos de contratación, limitar la capacidad de expansión empresarial y, en ciertos casos, forzar una reducción en la plantilla laboral. Asimismo, los costos adicionales podrían trasladarse a los precios de bienes y servicios, elevando la inflación.
Por otro lado, las centrales obreras subrayan que un incremento en el salario mínimo eleva el poder adquisitivo de los trabajadores, impulsa el consumo y podría generar un ciclo de crecimiento económico que favorezca tanto a empresas como a empleados. Desde su punto de vista, un aumento adecuado no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también refuerza la demanda interna, fomentando la contratación y la productividad.
El presidente Gustavo Petro ha mostrado coincidencia con la postura sindical, subrayando que el aumento del salario mínimo, aun considerando los incrementos recientes, no ha generado un efecto negativo en el empleo. De hecho, la tasa de desempleo en octubre se ubicó en 8,2 %, el nivel más bajo registrado en ese mes desde 2017.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, expresó que un ajuste equilibrado debe compatibilizar los beneficios del aumento salarial con los retos inflacionarios que podrían surgir. “El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica retos importantes para la consecución de la meta de inflación. Deben buscarse puntos de equilibrio que generen resultados satisfactorios para toda la sociedad”, explicó Villar.
El análisis técnico de Fedesarrollo indica que un aumento adecuado del salario mínimo para 2026 debería situarse entre el 6 % y el 6,5 %, considerando la inflación proyectada del 5,2 % y el cambio en la productividad, que varía entre -0,3 % y +0,9 %. Este cálculo técnico pretende encontrar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas en un entorno económico desafiante.
La negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 enfrenta un escenario de contraste entre las demandas sindicales, centradas en la equidad y la compensación histórica, y las propuestas empresariales, orientadas a la sostenibilidad económica y la estabilidad de los costos laborales. La capacidad de alcanzar un acuerdo dependerá de la disposición de ambas partes para encontrar un punto medio, que considere tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas, asegurando así un equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y estabilidad financiera.