El Gobierno dice que aplicará “todos los mecanismos para garantizar los intereses estratégicos de España en Telefónica” | Economía

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, afirmó este miércoles en Bruselas que el Gobierno va a “aplicar todos los mecanismos necesarios para proteger los intereses estratégicos de España” tras la compra por el grupo saudí STC de un 9,9% de Telefónica, con lo que se convierte en su principal accionista. De hecho, STC ha confirmado este miércoles que pedirá al Ministerio de Defensa la autorización para completar la operación “en los próximos días”. Hasta el momento, solo se ha ejecutado la compra del 4,9% mientras que el otro 5% estaría pendiente del plácet del Gobierno.

Calviño resaltó que se están “analizando” todos los factores de esta operación. Telefónica es una empresa “estratégica para nuestro país” y desde el Gobierno “aplicaremos todos los mecanismos necesarios teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España”, añadió.

La vicepresidenta primera también quiso lanzar un mensaje de “confianza y de tranquilidad” al respecto y resaltó que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha “reforzado” durante sus mandatos “todos los mecanismos de protección de las inversiones exteriores” y se encuentra analizando los elementos que rodean a esta compra desde el punto de vista del sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España, la participación en el capital y el ejercicio de los derechos de voto.

En la misma línea, la ministra portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo velará por preservar la “autonomía estratégica” de Telefónica. “El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía y existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica (…) porque quiero subrayar que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino una compañía estratégica y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad”, ha señalado la ministra en declaraciones a TVE.

Tanto Calviño como Rodríguez admitieron que el Ejecutivo se enteró el mismo martes de la operación, coincidiendo casi con la comunicación de STC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero el grupo saudí les aseguró que se trataba de una operación de “carácter amistoso” y no pretendía tomar el control.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha instado a proteger el “futuro digital” de España y preservar la “autonomía estratégica” de la multinacional española. “España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles”, ha asegurado Díaz en un mensaje en la red social X (antigua Twitter), en el que también ha destacado que es “esencial” preservar la autonomía estratégica española. En esta línea, también ha reclamado que “es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar” ofertas públicas de adquisición de acciones (opa).

Más contundente ha estado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha instado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a adquirir un 10% de las acciones de Telefónica para convertirse así en su primer accionista de control. “El control público de empresas estratégicas es una urgencia desde el punto de vista democrático y de la seguridad”, indicó la también líder de Podemos, quien precisó que también debería reducirse del 10% al 5% la autorización expresa del Gobierno para este tipo de operaciones.

Demostración de realidad virtual en el pabellón de STC en el MWC de Barcelona. picture alliance (picture alliance via Getty Image)

Una operación por sorpresa pero “amistosa”

El anuncio en la noche del martes de la entrada del operador de telecomunicaciones saudí en el capital de Telefónica para convertirse en su primer accionista ha desatado el debate sobre la necesidad de las autorizaciones gubernamentales pertinentes, teniendo en cuenta que STC está participado en un 64% por el Estado saudí, a través del fondo soberano del país conocido como PIF. STC informó de la operación el martes mismo tanto a la Casa del Rey como a La Moncloa, poco antes de remitir la comunicación a la CNMV, pero les tranquilizó asegurando que no pretendía tomar el control de la empresa española y que se trataba de una operación amistosa, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la transacción.

Las mismas fuentes señalan que la entrada en el capital de Telefónica ha sido especialmente diseñada para no toparse con los blindajes que la legislación española impone a las inversiones extranjeras. Ese porcentaje del 9,9% es el límite que cualquier inversor foráneo puede comprar libremente de una compañía cotizada española, ya que a partir del 10% necesitaría la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez, de acuerdo con la legislación antiopas aprobada en 2020 por la pandemia del coronavirus para proteger a las empresas nacionales de sectores estratégicos.

Escudo ‘antiopas’

No obstante, la reforma legislativa llevada a cabo en julio del escudo antiopas faculta al Gobierno a establecer la autorización previa —en este caso, a cargo del Ministerio de Defensa— por cuestiones de seguridad nacional y de defensa para operaciones a partir de un 5% del capital en las que estén implicadas “infraestructuras críticas”, entre las que se encuentran las comunicaciones. De ahí que la operación se haya troceado en dos partes: la toma ahora del 4,9% y el aplazamiento mediante instrumentos financieros del control del otro 5%. Antes de materializarse este segundo tramo del 5%, STC debería contar con el permiso del Ejecutivo, para lo que cuenta con un plazo de tres meses, tal y como adelantó EL PAÍS.

Precisamente, el grupo saudí ha confirmado este miércoles que pedirá “en los próximos días” al Ministerio de Defensa la autorización para completar la operación, ejecutando el 5% del capital cuya compra aún no se ha materializado, informaron fuentes del inversor. Según el real decreto aprobado en julio, una vez solicitada autorización al Ministerio de Defensa, será el Consejo de Ministros el que resuelva, salvo en aquellos casos en que la inversión, “por su naturaleza, características o importe”, no afecte a los intereses esenciales de la defensa. Hay que recordar que Telefónica tiene contratos con Defensa de suministro de comunicaciones, fibra y ciberseguridad.

En este último caso, podría ser autorizada la operación por la persona titular de la Dirección General de Armamento y Material, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, Este órgano está compuesto por el director general de Comercio Internacional, como presidente, un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional, además de un representante de cada ministerio y el subdirector general de Inversiones Exteriores. En cualquier caso, el plazo máximo de Defensa o del Consejo de Ministros para resolver la solicitud y notificar la resolución al interesado será de tres meses. En caso de que el Ejecutivo negara esa autorización, la adquisición del 5% restante no podría ejecutarse, quedando reducida la participación de STC en Telefónica al 4,9%.

Por su parte, Telefónica tampoco tuvo conocimiento de la operación hasta bien entrada la tarde del martes. El presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, fue informado mientras estaba de viaje de negocios en Estados Unidos, aunque los inversores árabes le tranquilizaron asegurando que se trataba de una operación “amistosa”. Un mensaje que fue bien recibido en los despachos de la sede de Las Tablas, en Madrid, que notificaron a su vez a la CNMV ese mensaje. “Telefónica toma nota de la aproximación amistosa de STC y de su apoyo al equipo directivo, a la estrategia de Telefónica y a su capacidad para crear valor”, señaló la compañía en un hecho relevante en la noche del martes. El grupo español aún no conoce si STC solicitará la entrada en el consejo de administración con uno o dos representantes, que le corresponderían de acuerdo al 9,9% del capital.

Las acciones de Telefónica han iniciado la sesión de este miércoles con una subida cercana al 3%, aunque luego se ha deshinchado casi completamente y a tres horas del cierre cotizaban a 3,76 euros por título, apenas un 0,2% por encima del cierre del día anterior.

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