Las labores de prevención y lucha contra el fraude aportaron unos 16.675 millones de euros a las arcas públicas en 2022. Las actuaciones de control realizadas fueron 39.300, que se focalizaron en grandes empresas, patrimonios relevantes y economía sumergida. En el caso de las multinacionales, la Agencia Tributaria regularizó más de 3.400 millones en bases imponibles vinculadas a la fiscalidad internacional; de las grandes fortunas arañó 546 millones a través de 1.130 comprobaciones —solo superados por los 608 millones de 2019—, y pilló a 97 contribuyentes acaudalados que fingían vivir en el extranjero para esquivar el pago de impuestos. El resultado final es algo inferior al del 2021, pero en términos homogéneos —excluidas operaciones extraordinarias, en este caso los expedientes de minoración de pagos fraccionados—, el saldo es positivo: consiguió 15.362 millones, un 2,7% más que el año previo.
El fisco lleva tiempo con el foco puesto en los grandes patrimonios. En 2018 creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes y las actuaciones sobre grandes fortunas ha ido ganando cada vez más peso. Hasta cuenta con una herramienta informática que, a través del big data, facilita la identificación de aquellos contribuyentes que simulan vivir fuera de España. El año pasado se empezaron actuaciones de comprobación a 252 de estos ciudadanos, y se finalizaron las relativas a los 97 residentes antes mencionados. La Agencia Tributaria determinó que este centenar de contribuyentes que fingía vivir en otros países tenía residencia efectiva en España y les liquidó 28,2 millones de euros.
En 2022, la Unidad de control de patrimonios relevantes también puso en marcha un nuevo proyecto para detectar de forma automatizada las empresas que deducen gastos personales de sus partícipes, un fraude muy común entre contribuyentes con gran poder adquisitivo que lleva a regularizaciones en IRPF, IVA y sociedades. Este programa también se apoya en técnicas avanzadas de análisis de datos.
El control de la fiscalidad de las multinacionales es otra prioridad de Hacienda, como reflejan los datos: las actuaciones de comprobación a grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales aumentaron 8,9% en 2022, hasta las 29.394 actuaciones. Durante el ejercicio se finalizaron 117 comprobaciones inspectoras, frente a las 112 de 2021, con ajustes en bases imponibles por importe total de 3.409 millones. También se finalizaron 43 acuerdos previos de valoración (APA) relativos a los precios de transferencia (que abonan las sociedades en las operaciones intragrupo), de los cuales 28 fueron estimados garantizando bases imponibles futuras por 2.712 millones.
La Agencia Tributaria también ha minorado bases negativas, deducciones pendientes de aplicar y cuotas a compensar por más de 3.800 millones. El 50% de este importe se corresponde a actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyente, y se traducirá en una mayor recaudación bruta y líquida en ejercicios futuros.
Economía sumergida
Uno de los grandes lastres de la economía, y muy complicado de cuantificar, es la actividad sumergida. En 2022, las distintas delegaciones de la Agencia Tributaria llevaron a cabo 2.312 actuaciones inspectoras que destaparon ventas ocultas por 435 millones de euros, un 8,8% más con respecto al año anterior. La mayoría de ellas se corresponden al trabajo autónomo (1.407 expedientes, por un total de 269 millones).
La Inspección también ha realizado 21 operaciones coordinadas en sectores considerados de riesgo por los elevados cobros en efectivo. El objetivo no es solamente el descubrir ventas ocultas; también pretende lanzar un mensaje al conjunto de los colectivos que están bajo la lupa para mejorar su cumplimiento voluntario. Los ingresos derivados de los 2.015 expedientes llevados a cabo entre 2013 y 2022 alcanzan los 386 millones. El importe correspondiente al año pasado asciende a 15,7 millones con 74 expedientes finalizados. También el Plan de Visitas de Inspección, que se había paralizado con la pandemia, contribuye a vigilar las obligaciones formales y registrales en los sectores de riesgo. En 2022 hubo 29.086 actuaciones presenciales, niveles cercanos a los registros anteriores a la pandemia (30.725 en 2019).
El control de alquileres también es clave para la Agencia Tributaria, que en los últimos años ha aumentado los avisos a los contribuyentes que se presume que están alquilando una propiedad sin declararla. Hacienda estima que estas campañas inducen a la declaración voluntaria que hace aflorar rentas inmobiliarias ocultas. El impacto que calcula es la incorporación en los últimos siete años de 1.182.000 declaraciones, con una mayor base imponible declarada de 7.757 millones y una mayor recaudación de 933 millones. Asimismo, se ha reforzado la vigilancia sobre las criptomonedas, ante la proliferación de los nuevos activos digitales.
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