El CSD da traslado al TAD de la petición de inhabilitación a Pedro Rocha, presidente de la comisión gestora de la federación de fútbol | Fútbol | Deportes

El proceso de regeneración inevitable experimentado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a raíz de las salidas de tono del ya expresidente Luis Rubiales en las celebraciones por el título Mundial logrado por la selección femenina el pasado verano en Sídney va camino de arrasar con el antiguo orden que regía el fútbol español. El último superviviente, el sucesor “interino” de Rubiales Pedro Rocha, está también en la cuerda floja, señalado por aferrarse desde hace seis meses a un sillón que no le corresponde.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha iniciado los trámites que pueden derivar en la inhabilitación de Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la Federación, según ha podido confirmar este diario y como en su día ocurrió con la inhabilitación del expresidente Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso en plenas celebraciones en Australia. El procedimiento es el mismo y tiene un origen idéntico: una denuncia de Miguel Galán, presidente de la escuela de entrenadores Cenafe y el hombre que está detrás de las demandas que han acabado con los últimos presidentes de la federación, el mismo Rubiales y, antes, Ángel María Villar.

La denuncia remitida por Galán al CSD que preside José Manuel Rodríguez Uribes pide la inhabilitación de Rocha, el hombre señalado en su día para continuar al frente de la RFEF por un Rubiales que dimitió finalmente cuando se vio acorralado por todos los frentes, la FIFA, el CSD y hasta el Gobierno español. Los motivos que argumenta Galán en su denuncia contra Rocha, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se basan en el retraso en la convocatoria electoral desde que el expresidente Rubiales dejó el cargo el pasado septiembre y en la asunción de funciones por parte de Rocha que no corresponden a un presidente de una comisión gestora por su condición de interinidad.

Recibida una segunda denuncia, con acuse de recibo el día 18 de marzo —y en la que se insiste en la obligatoriedad del Consejo de elevar la queja, bajo amenaza incluso de demandar a Rodríguez Uribes por prevaricación—, el CSD comunicó ayer a Galán que ha iniciado los trámites para dar traslado de la misma al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el encargado, en cualquier caso, de tomar una decisión al respecto. Así, el CSD está trabajando en la redacción de una petición razonada en base a la denuncia de Galán, que elevará al TAD. El tribunal será quien valore si aprecia indicios de delito y decida si abre expediente sancionador a Rocha y si, en consecuencia, lo inhabilita y aparta de sus funciones.

En su denuncia, Miguel Galán, explica que Pedro Rocha pasó a ocupar la presidencia de la Comisión Gestora, pero con una única competencia: convocar elecciones a presidente con la actual asamblea. Pero no lo hizo. Y sigue: “Pedro Rocha, como órgano interino, no ejerció funciones limitadas al despacho ordinario de los asuntos federativos”.

Y analiza diversos episodios. Como la convocatoria de elecciones a la asamblea sin ser presidente de la RFEF; o la celebración de una asamblea en la que se puso un sueldo de 675.000 euros y aprobó 392,1 millones de euros de presupuesto sin tener competencias para ello; también recuerda que cesó al director general, Andreu Camps, señalado en su día por las futbolistas españolas y una de las cabezas que ayudó a desencallar la crisis por el beso a Jenni Hermoso; asimismo, incluye entre las decisiones para las que no tenía competencias la renovación del contrato del seleccionador Luis De la Fuente, la destitución del seleccionador femenino, Jorge Vilda, o la contratación de Montse Tomé en su lugar. Todas esas decisiones, dice, suponen “entrar en juicios políticos estableciendo nuevas orientaciones directivas condicionando, comprometiendo e impidiendo para las que deba fijar el futuro nuevo presidente”.

Mientras tanto, y pese a que ya recibió las indicaciones pertinentes por parte del CSD, Rocha sigue sin convocar elecciones. La convocatoria electoral estaba prevista para el pasado miércoles, el día que una unidad de la UCO de la Guardia Civil entró en Las Rozas (y otros domicilios) para efectuar un intenso y largo registro que acabó con ocho detenidos, entre ellos el director de los servicios jurídicos, Tomás González Cueto, y con Luis Rubiales y su amigo Nene, investigados por pertenecer supuestamente a una trama delictiva señalada por corrupción y administración desleal que tendría en la RFEF su centro de operaciones.

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