El Constitucional rechaza el recurso de Vox contra el decreto para reducir la temporalidad en el empleo público | Economía

El Constitucional rechaza el recurso de Vox contra el decreto para reducir la temporalidad en el empleo público | Economía

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de Vox contra el decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Como en otros casos precedentes, la impugnación de Vox se basó en que a su juicio la normativa aprobada no era urgente ni necesaria, como exige el artículo 86.1 de la propia Constitución para utilizar la figura del decreto-ley.

La sentencia del Pleno del Tribunal descarta que la nueva legislación, el real decreto-ley 14/2021, haya infringido el artículo 86.1, pues el Gobierno en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación, “ha satisfecho suficientemente la carga de explicitar y razonar la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad” que le llevó a dictar el decreto-ley.

Por otra parte, el fallo —del que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, del sector conservador del tribunal— aprecia la existencia de una “relación de adecuación” de las medidas adoptadas y la situación que se pretendía solucionar. La resolución también argumenta que del contenido del precepto impugnado resulta que la norma recurrida “no lleva a cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública ni de su contenido esencial”, como sostuvieron los recurrentes.

Al aprobarse en julio de 2021 la normativa ahora avalada por el Constitucional, el Gobierno explicó que su propósito era que más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos en el sector público se convirtieran en fijas en un plazo de tres años, entre 2022 y 2024. En definitiva, se trataba de reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%. El Ministerio de Hacienda y Función Pública manifestó asimismo que en relación con este objetivo existía un compromiso adquirido con la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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