Claves de la ley del suelo que ha retirado el Gobierno: por qué ha caído y los cambios que no verán la luz | Economía

El Gobierno ha retirado del orden del día del Congreso el proyecto de Ley del Suelo que iba a debatirse en el pleno este jueves. Lo ha hecho porque no reunía los apoyos parlamentarios suficientes para que la reforma saliera adelante, pero, como ha reconocido posteriormente la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volverá a presentarlo ante la Cámara Baja una vez que pase el “furor” por las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Con este aplazamiento en la tramitación, los cambios que planteaba este nuevo marco normativo, que en opinión del Ejecutivo daban respuesta a algunas de las demandas del sector inmobiliario, seguirán sin aplicarse.

¿Qué buscaba el Gobierno con esta reforma?

Según reconocen fuentes ministeriales, la reforma normativa impulsada por el PSOE pretende evitar la ralentización en la ejecución de aquellos proyectos sobre los que recaigan denuncias por defectos menores y subsanables en su planificación urbanística. Sin embargo, este planteamiento se ha topado con el rechazo de una gran parte del arco parlamentario, incluido el de Sumar, su socio de Gobierno.

¿Cómo es la norma actual?

Tal y como está contemplada en estos momentos la legislación, esta establece que cuando se produce un defecto formal en un plan urbanístico, todo el plan en su conjunto es anulado. Esto supone, por un lado, que se paralice toda su aplicación, y que, en consecuencia, todo el tiempo invertido en su desarrollo —que normalmente suele ser de varios años por la necesaria intervención de las distintas administraciones territoriales (además de las ciudadanas)—, se vaya al traste. Además, al producirse esta paralización en bloque, el plan que pasa a aplicarse en su lugar es el anterior, lo que presupone una desactualización urbanística que llegar a ir en contra de las necesidades del lugar para el que había sido diseñado originalmente el proyecto.

¿Qué cambios plantea la reforma?

La reforma auspiciada por el PSOE busca, de manera primordial, revertir esta anulación total. Esto es, en el caso de que se produzcan denuncias sobre un defecto formal del proyecto, solo queda anulado el apartado al que esta demanda hace referencia, y no todo el plan. Se contemplaría, por tanto, de una anulación parcial y no total. Además, con la normativa actual, no solo decae el plan al completo ante cualquier injerencia jurídica, sino que también se van al traste todos los actos que se hubieran producido con posterioridad. Este “efecto cascada” ha sido una baza que han jugado, en muchos casos, distintos despachos de abogados que se han especializado en interponer recursos de este tipo para bloquear ejecuciones.

Otro cambio que presenta este nuevo marco normativo es que al haberse previsto un régimen transitorio, los casos que estuvieran recurridos en los tribunales y en los que se dictase una sentencia después de su aplicación quedarían amparados, y se aplicaría sobre ellos una “subsanación”. Es decir, se concedería un plazo de un año con posibilidad de prorrogarlo seis meses más para que se corrigieran los aspectos concretos del plan.

¿Qé partidos y por qué están en contra de esta reforma?

El PSOE se ha encontrado solo en la defensa de esta reforma. Ni siquiera Sumar, su socio de Gobierno, ha secundado los cambios propuestos por el primer partido del Gobierno. En opinión de Íñigo Errejón, esta agilización de los procesos urbanísticos “favorece el pelotazo urbanístico”, y no responde “a los problemas fundamentales del país”. El portavoz de Sumar, tras conocerse la retirada del orden del día, ha emplazado al Gobierno a negociar una alteración de la norma, y se ha mostrado confiado en llegar a un acuerdo.

Más complicado va a resultar para el Ejecutivo convencer a Podemos, ERC, Junts y PP. Los tres primeros, de hecho, presentaron sendas enmiendas a la totalidad de la ley, mientras que la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo —y que comparte gran parte del espíritu de la nueva normativa— negó su apoyo a la reforma como gesto para evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno. Los partidos catalanes, por su parte, se oponen a esta modificación por entender que no contempla la participación de los entes locales, puesto que omite el reconocimiento de las competencias que les otorga a estas el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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